Hoy me he encontrado con dos noticias muy interesantes, una buena y una mala. Me voy a tomar la libertad de comenzar con la buena: Bolivia está a punto de aprobar una ley de telecomunicaciones pro software libre, lo cual significa, esencialmente, que a partir de la aprobación de la ley los órganos de gobierno en Bolivia «promoverán y priorizaran la utilización del software libre y estándares abiertos en el marco de la soberanía y seguridad nacional… lo que implica que el Estado comenzará un plan de migración a software libre en todas sus instancias». Considerando la naturaleza pública de nuestra Universidad y las dificultades económicas que sufre (como el gobierno boliviano) me pregunto si no sería tiempo de dejar de pagar costosas licencias de software propietario y promover y priorizar la utilización de software libre como una política institucional, promoviendo de esta manera la formación de cuadros especializados en desarrollo y mantenimiento de software y priorizando la democratización del conocimiento.
La mala noticia, por otra parte, es el arresto de Aaron Swartz por «haber obtenido ilegalmente millones de [copias de] documentos académicos de JSTOR» aparentemente para compartirlos libremente en Internet bajo la premisa de que el conocimiento es un bien público. Como comenta Geraldine Juárez en su ártículo, la violación de los derechos reservados es una agresión directa al statu quo, al derecho de las grandes organizaciones de privatizar el conocimiento y enriquecerse con ello, por lo que es castigada con severidad proporcional al poder económico de éstas.
¿Qué podemos esperar de organizaciones con fines de lucro como JSTOR cuando universidades públicas como la nuestra se pronuncian por adornar sus escudos con la consabida (R)? ¿Podemos imaginar acaso la promulgación y adopción de una política de publicación libre y abierta de los resultados del trabajo académico en universidades públicas, que haga contrapeso a los puntos que se otorgan a registrar patentes y publicar en revistas cerradas para quienes no tienen dinero para pagarlas? Se ve difícil, particularmente considerando lo que Aaron Swartz llama «la influencia corruptora de las grandes cantidades de dinero sobre las instituciones, incluidas aquellas sin fines de lucro, las mediáticas, las políticas y la misma opinión pública.»
MORGARAF 